Abogados de Formosa cuestionan la legalidad del programa municipal de asistencia jurídica en Clorinda
El bufete Estudio Jurídico M&R formuló duras observaciones públicas respecto a la instrumentación del programa de asistencia jurídica gratuita destinado a empleados de la Municipalidad de Clorinda.
A través de un documento técnico, los profesionales advirtieron sobre probables contravenciones a las disposiciones de la Ley Provincial N.º 936 —normativa que regula el ejercicio de la abogacía en Formosa—, señalando supuestas conductas ligadas a la captación indebida de clientes, competencia desleal, incompatibilidad por conflicto de intereses y una eventual superposición de erogaciones públicas con honorarios de la actividad privada.
De acuerdo con las objeciones planteadas, la puesta a disposición de infraestructura del erario público, canales de difusión oficiales y plataformas institucionales de la Comuna configuraría un mecanismo facilitador para direccionar causas particulares hacia un grupo acotado de letrados. Esta situación, según los denunciantes, coloca en clara desventaja al resto de los abogados en el libre ejercicio de la profesión que operan en la circunscripción.
Incompatibilidades y posible contravención a la legislación vigente
Entre los argumentos expuestos, el planteo destaca que este tipo de dispositivos locales podría colisionar con los Consultorios Jurídicos Gratuitos regulados de forma institucional por el Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa. Se enfatizó que la gratuidad del patrocinio legal está orientada por ley a personas en estado de vulnerabilidad y con insuficiencia de recursos, por lo que su aplicación a agentes municipales con ingresos formales desvirtuaría los pilares del régimen asistencial vigente.
Asimismo, los juristas advirtieron sobre la eventual configuración de un conflicto de intereses. Ello ocurriría en el supuesto de que letrados con vinculación laboral o contractual con la administración municipal asuman, en forma paralela, la representación de causas donde los intereses del Estado local y de los agentes representados pudieran resultar contrapuestos.
En la misma línea, se solicitó transparentar el circuito financiero de la medida para descartar que los fondos del municipio actúen como un filtro previo para derivar expedientes que, en fases posteriores, generen el cobro de honorarios profesionales mediante pactos de cuota litis, convenios privados o imposición de costas judiciales.
Pedido de investigación disciplinaria y auditoría institucional
A partir de las irregularidades señaladas, el abogado Nicolás Maximiliano Moríñigo Cuéllar anunció que radicará una presentación formal ante el Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa, requiriendo la instrucción de una investigación disciplinaria exhaustiva. La solicitud contempla además la compulsa de los actos administrativos, las partidas presupuestarias afectadas, las contrataciones vigentes y la existencia de nóminas de derivación hacia estudios jurídicos particulares.
El reclamo busca que la entidad deontológica examine la pertinencia ética y legal del programa, y que, en caso de constatar infracciones al marco normativo, adopte las medidas disciplinarias correspondientes para garantizar la transparencia, la lealtad comercial y el estricto apego al ordenamiento legal de la provincia.
